Como solicitante de asilo en Estados Unidos, Jasmir Urbina se preocupó al ver cómo estallaba la violencia durante las redadas migratorias de estilo militar en todo el país. Luego leyó que los agentes federales estaban arrestando a residentes legales en las cortes de inmigración y se preguntó en qué momento pondrían la mira en su ciudad.. Urbina huyó de Nicaragua en 2022 y residía legalmente con su esposo, también solicitante de asilo, en Nueva Orleans, donde acudía de forma regular ante agentes de inmigración para cumplir con los controles mientras llegaba su audiencia en la corte. Por fin, a finales de noviembre de 2025, la cita se aproximaba. Pero en esos días, el gobierno de Trump inundaría la región con agentes federales en la llamada “Operación Swamp Sweep”.. Urbina, de 35 años, comenzó a buscar a alguien que hablara español y pudiera ayudarla. Según contó, dio con una publicación en Facebook que anunciaba los servicios de Caridades Católicas, una reconocida organización de ayuda cuyos servicios incluyen la asistencia a inmigrantes. Tras unos cuantos clics, se conectó por WhatsApp con “Susan Millan”, quien afirmó tener un título en Derecho. La foto de la mujer parecía profesional: tenía una pequeña biblioteca de fondo difuminada, según una captura de pantalla que Urbina compartió con ProPublica. La solicitante de asilo dijo que habló de su situación con la mujer que creyó que era una abogada.. Millan le dijo a Urbina que su problema podía resolverse en una audiencia virtual con las autoridades migratorias de Estados Unidos. Para que se sintiera más confiada, Millan salpicó detalles de su propia vida: un esposo enfermo, dos hijos, una iglesia que la apoyaba. En una entrevista, Urbina contó que llenó los formularios que se enviarían al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés), a cambio de un pago. La organización de Millan le pidió más documentación, incluidas cinco referencias personales; y, a cambio de otro pago, se encargaría de entregarlas a las autoridades. A través de la aplicación de pagos Zelle, Urbina y su marido pagaron casi 10,000 dólares, según sus registros financieros, dinero que habían reservado para comprar su primera casa.. El 21 de noviembre, Urbina argumentó que un “miedo creíble” le impedía regresar a su país. En una audiencia virtual, que duró cinco minutos, dijo haber hablado con un hombre que estaba sentado frente a una bandera estadounidense y vestido con uniforme verde, bordado con lo que parecían insignias gubernamentales. Un día después, Millan le comunicó por WhatsApp que había “ganado la residencia”. Los documentos llegarían por correo.. En un instante, los temores de Urbina se habían disipado. Preguntó si aún debía acudir a su cita en la corte, el 24 de noviembre. “No, no te preocupes”, recuerda que le respondió la mujer. “No hay necesidad de ir a la corte”.. Pero al día siguiente, cuando Urbina envió un mensaje al número de Millan pidiendo hablar con alguien, el chat de WhatsApp se quedó en silencio, según las capturas de pantalla que compartió con ProPublica. Dos días después, sospechó que la habían engañado y escribió en el mismo chat, de manera textual, llena de coraje: “Dios esta con nosotros y el pelea por sus hijos hoy se metieron mal y obtendrán su paga del Altísimo cobardes”.. No existía ninguna abogada llamada Susan Millan en Caridades Católicas, y ese engaño era apenas uno de los cientos de casos que ha llegado a conocer la verdadera organización cuando inmigrantes desesperados terminan contactándolos.. “Tenemos buena reputación por algo”, dijo Chris Ross, vicepresidente de servicios de migración y reasentamiento de refugiados de Caridades Católicas. “Por eso resulta muy frustrante que alguien se aproveche de ese prestigio con intenciones nefastas”.. Urbina había caído en la trampa de un “fraude notarial”, en la que estafadores ofrecen asesoría legal y suelen presentarse como notarios públicos u otros profesionales del derecho. En muchos países de América Latina, un notario público equivale a un abogado, y los defraudadores se aprovechan de esa confusión para suplantar sus credenciales.. Urbina compartió documentos que detallan cómo la fueron enganchando en la estafa, y ProPublica corroboró su historia con su esposo y con Caridades Católicas. Después de que Urbina informó a las autoridades locales y federales que, por culpa del engaño, había perdido su cita en la corte, la oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cambió su cita virtual de seguimiento de diciembre por una reunión presencial. Cuando llegó, los agentes la arrestaron. En enero, cuenta, le pusieron grilletes en manos y pies y la subieron a un avión con destino a Nicaragua.. Había sido estafada y luego deportada.. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la agencia que supervisa a ICE, no respondió a las preguntas sobre el caso de Urbina, pero aseguró: “Cualquiera que sea sorprendido haciéndose pasar por un agente federal de inmigración será procesado con el máximo rigor que permite la ley”. La Policía de Nueva Orleans tampoco respondió a las preguntas de ProPublica sobre la denuncia que Urbina presentó.. Las estafas como las que destruyeron los sueños de Urbina van en aumento, según muestran los datos federales analizados por ProPublica; oportunistas se aprovechan del miedo y la confusión generados por la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.. Las denuncias de estafas migratorias se han duplicado desde que Trump ganó las elecciones, encontró ProPublica al analizar más de 6,200 denuncias presentadas ante la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) por víctimas y activistas en los últimos cinco años.. Desde principios de 2021 hasta las elecciones del otoño de 2024, la FTC —la principal agencia de protección al consumidor del país— recibió cerca de 960 denuncias de fraude migratorio al año, como reportes de abogados falsos que ofrecían sus servicios o personas que se hacían pasar por funcionarios federales. Tan solo en 2025, la comisión recibió casi 2,000.. En total, las denuncias presentadas ante la FTC en cinco años reportan al menos 94.4 millones de dólares robados. Esa cifra está, sin duda, por debajo de la real: no todos los inmigrantes denuncian los delitos por miedo a la deportación, y no todos los reportes incluían montos de dinero.. El aumento en las denuncias ha sido tan pronunciado que numerosos estados y organizaciones jurídicas han alertado al público. Los procuradores generales de California y Carolina del Norte emitieron comunicados a finales de 2025, al igual que la Asociación Americana de Abogados y AARP. En junio de 2025, el Concejo Municipal de Nueva York aprobó una ley que endurece las penas por fraude notarial, y una legislación similar entró en vigor en Florida.. “Los estafadores de inmigración contribuyen a crear un ambiente sin ley y debilitan nuestro sistema migratorio”, dijo Zach Kahler, vocero del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, la agencia que Urbina creía equivocadamente que le había otorgado la residencia. En internet, la agencia publica guías para identificar fraudes migratorios y advierte al público que no utiliza WhatsApp. También instruye a quienes creen haber sido víctimas de una estafa a presentar una queja ante la FCT.. Las estafas que apuntan a quienes están atrapados en el sistema migratorio estadounidense no son nuevas, pero los defensores de inmigrantes aseguran que los defraudadores se han sofisticado: ahora emplean tecnologías como la inteligencia artificial y los anuncios dirigidos. Al mismo tiempo, los inmigrantes están cada vez más angustiados por la rapidez de las deportaciones masivas, y eso ha creado un negocio redondo para quienes buscan aprovecharse.. “Creo que la inteligencia artificial se está utilizando en estas estafas de manera bastante efectiva. La gente cree que habla con una persona real, y los logotipos y demás cosas parecen bastante profesionales para el ojo inexperto”, dijo Ross, de Caridades Católicas.. Muchas víctimas afirman que fueron engañadas por estafadores que tenían fotos de aspecto profesional, vestían uniformes de inmigración y simulaban audiencias virtuales realistas.. Un análisis de la imagen de la persona que se hacía llamar Millan, quien supuestamente ayudaba a Urbina, sugiere que fue generada con inteligencia artificial.. Ross agregó: “Lo más fuerte aquí es la desesperación; eso es realmente lo que está impulsando todo esto”.. En San Diego, estafadores han suplantado la identidad de abogados que trabajan para la ciudad. La procuradora municipal Heather Ferbert contó a ProPublica que su oficina ha enviado estos casos al FBI y ha advertido a la población que esté atenta de los anuncios donde se promete que un funcionario del gobierno o un abogado puede resolver trámites migratorios. El FBI declinó hacer comentarios.. “Cuando se añade el título y el peso gubernamental que lo respalda —la oficina de la procuradora municipal, la fiscalía de distrito, por ejemplo—, la gente baja la guardia”, dijo Ferbert. “Hemos escuchado historias en las que prometen resolver sus problemas migratorios. Ningún abogado de verdad te va a prometer un resultado”.. Otras estafas van más allá de la suplantación de abogados. Entre las denuncias ante la FTC hay un caso en el que personas que se presentaron como agentes de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional recibieron más de 600,000 dólares de una familia al afirmar que le habían robado la identidad a uno de sus integrantes y que debían pagar para protegerla. En Virginia Occidental, un supuesto “agente federal” amenazó con deportar a un estudiante universitario a punto de graduarse si no pagaba casi 4,000 dólares en tarjetas de regalo.. “Afirmaron que, de no cumplir de inmediato, me arrestarían, detendrían o deportarían”, escribió el estudiante, quien residía legalmente en Estados Unidos con una visa de estudiante. El estudiante, cuyo nombre no aparece en los datos federales, usó tarjetas de regalo prepagadas de Dollar General hasta quedarse sin dinero y tuvo que pedir ayuda a su familia.. A inmigrantes de India y Bangladesh les dijeron que no habían actualizado un formulario obligatorio y los arrestarían y deportarían de inmediato si no entregaban sus números de Seguridad Social. Otros estafadores afirmaron que el gobierno había interceptado paquetes con dinero y drogas dirigidos a inmigrantes, a quienes exigieron un pago para evitar el arresto.. La mayoría de las víctimas encuentra a estos falsos abogados en anuncios de Facebook o TikTok. La empresa matriz de Facebook, Meta, se comprometió a eliminar las cuentas usadas para estafas y anunció nuevas herramientas para rastrearlas.. Charity Anastasio, asesora en práctica profesional y ética de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés), dijo que estos anuncios suelen funcionar con pago por clic y se dirigen específicamente a usuarios de habla hispana.. “Han diseñado una maquinaria bien aceitada”, dijo Anastasio.. Los anuncios atraen tanto a quienes enfrentan procesos de deportación, y se aferran a cualquier recurso para quedarse en el país, como a quienes querían poner sus papeles en regla antes de que arreciara la ofensiva migratoria de Trump, según Adonia Simpson, abogada del Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA, por sus siglas en inglés).. “Mucha personas están tratando de conseguir representación por adelantado para conocer las opciones que tienen”, le dijo Simpson a ProPublica. “La mano dura en la aplicación de la ley ha sido un factor clave. Esto ha provocado que mucha gente esté muy asustada”.. La Casa Blanca declinó hacer comentarios.. En octubre de 2024, José Aguilar, de 56 años, a quien se le había concedido el Estatus de Protección Temporal (TPS) bajo el gobierno de George W. Bush, estaba justo en esa situación cuando se topó con un anuncio en Facebook. El anunciante afirmó trabajar para Jorge Rivera, un conocido abogado de inmigración de Miami, y le prometió a Aguilar que podría conseguirle la residencia permanente. El precio sería de 15,000 dólares. ProPublica solicitó comentarios al verdadero Rivera, quien no está acusado de ningún delito; pero no respondió.. Como trabajador de una fábrica de cuero en Minnesota que había huido de El Salvador, Aguilar reunió el dinero a plazos gracias a préstamos de amigos y a la devolución de impuestos de ese año. A lo largo de varios meses, mantuvo cuatro videollamadas con el falso abogado y dos llamadas con personas que se hacían pasar por agentes de inmigración. Al principio se mostró escéptico, pero se convenció cuando le enviaron videos de tarjetas de residencia con el logotipo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración.. “No vayan a estarme engañando, porque yo estoy prestando el dinero, yo soy un hombre de fe y una persona que tiene un trasplante de corazón. No puedo tener corajes porque me hace daño”, Aguilar recordó haber dicho.. “No se preocupe, señor”, dijo Aguilar que le respondió el estafador. “No se preocupe. Esto es real. Es súper real”.. En una de sus últimas conversaciones, el estafador apeló a la fe cristiana que compartían y le dio gracias a Dios por haber aprobado sus documentos y conseguirle la residencia.. En febrero de 2025, los estafadores habían dejado de responder. Un mes después, Aguilar se dio cuenta de que probablemente nunca recibiría las tarjetas de residencia y contactó a un abogado que le confirmó que había sido víctima de una estafa. Aguilar, que tiene dos hijas pequeñas, dice que su familia sobrevive gracias a los bancos de alimentos y depende de donaciones para pagar el alquiler.. “No tiene perdón”, dijo Aguilar. “Metiendo hasta a Dios”.. Para Mariela, una madre hondureña indocumentada con tres hijos, la presión económica empezó desde hace mucho. En 2021, el padre de sus hijos se fue a Estados Unidos con una de sus hijas, buscando trabajo en la construcción. Dos años después, cuando ella recorrió 2,000 millas bajo un calor abrasador para reunirse con ellos, se fracturó el brazo en tres partes al caer al Río Bravo mientras cruzaba la frontera. ProPublica reserva su apellido porque ella teme ser deportada.. Y en octubre de 2025, los agentes migratorios detuvieron a su hija de 20 años. Desesperada, Mariela contactó lo que creyó era una página de Facebook de Caridades Católicas.. Quedó atrapada en un esquema en el que participaban un hombre que se hacía pasar por sacerdote, otro que fingía ser juez de inmigración y otro que se hacía pasar por Oscar Carrillo, un abogado con licencia en Texas que ejerce en el área de derecho fiscal.. El verdadero Carrillo le dijo a ProPublica que la pasada primavera empezó a recibir llamadas de inmigrantes frustrados, todos ellos hispanohablantes que afirmaban haber sido derivados por Caridades Católicas. Cuando se dio cuenta de que estaban haciendo un uso indebido de su nombre y su fotografía, alertó al FBI y a la FTC. El Colegio de Abogados de Texas publicó una advertencia en su sitio web sobre los suplantadores de Carrillo.. “La mayoría de estos clientes, debido a su situación migratoria, tienen miedo de ir a la policía a denunciar”, afirmó Carrillo. “Me dan pena estos clientes. No estamos hablando de personas adineradas”.. En enero, después de que su hija fuera deportada, Mariela se dio cuenta de que los estafadores le habían sustraído más de 18,000 dólares en tres meses.. Contó que pidió prestados 3,000 dólares a un tío en Honduras, otros 1,500 a un primo, unos cuantos miles a su jefe y 2,000 más a una amiga de su pueblo natal en Honduras que también había emigrado a Estados Unidos. Además, se acabó sus ahorros y los de su hija.. Mariela dijo que le estafaron más de 18,000 dólares en tres meses después de ser víctima de una sofisticada estafa en materia de inmigración. Desiree Rios para ProPublica. Desde el inicio del segundo mandato de Trump, corporaciones policiales locales, grupos de defensa, fiscalías estatales y despachos de abogados han publicado avisos para advertir a las personas inmigrantes sobre el aumento de estafas.. “Nuestro mejor consejo es que se pongan en contacto directo, fuera de las redes sociales, con la organización que estén buscando para pedir ayuda”, dijo Kevin Brennan, vicepresidente de relación con los medios de Caridades Católicas. “Llamen por teléfono a la organización o visiten esas oficinas en persona”.. Los estafadores no dan señales de dar marcha atrás.. En abril, tres meses después de su deportación a Nicaragua, Urbina recibió una llamada de alguien que se presentó como abogado. Dijo que un obispo de Caridades Católicas la había referido a ella y que la ayudaría a obtener documentos migratorios.. El estrés de la estafa y la separación de su esposo, que sigue en Estados Unidos, le habían cobrado factura. “He pasado por muchas cosas, una tras otra”, dijo Urbina. Vive con su madre en un pueblo remoto de Honduras, con miedo de salir a la calle en un país donde el gobierno ha intensificado la vigilancia de quienes alguna vez emigraron a Estados Unidos.. Desesperada, le dio al “abogado” sus datos personales.. Aunque dijo que no le cobraría, el hombre terminó pidiéndole dinero, contó.. “¿De dónde conseguiste mi número?”, ella preguntó.. Intrigada, pero escéptica, Urbina le envió varios mensajes por WhatsApp, con la esperanza de que realmente se tratara de un abogado especializado en inmigración.. Nunca volvió a saber de él.
