Los legisladores federales y locales en Puerto Rico, junto con organizaciones de derechos humanos y activistas, han pedido investigaciones después de un informe de ProPublica que revela que una investigación federal sobre un esquema para intercambiar drogas por votos en las prisiones del territorio después de las elecciones de 2024 fue cerrada. El martes, el comisionado del Congreso residente en Puerto Rico, Pablo José Hernández Rivera, instó a los miembros de la U.S. Comité Judicial de la Cámara para apoyar una investigación del Congreso sobre el asunto. “El informe publicado hoy por ProPublica detalla hechos que ningún funcionario electo en Puerto Rico o Washington puede ignorar”, dijo en una declaración en español. Ese mismo día, el representante Héctor Ferrer Santiago del Partido Popular Democrático presentó una resolución en la Cámara de Representantes de la isla que ordenaba a su Comité de Seguridad Pública que iniciara una investigación. Describió las acusaciones como “serias” y declaró que la Cámara tiene un “deber ineludible de investigar”. Las solicitudes fueron emitidas el mismo día en que ProPublica publicó su informe detallando cómo los fiscales habían expuesto un esquema de drogas que influían en los votos operado por una pandilla violenta dentro de las prisiones puertorriqueñas y habían examinado si la entonces gobernadora Jenniffer González Colón o su campaña jugaron algún papel. En los días posteriores a la victoria electoral de Donald Trump en 2024, los supervisores de los EE. La Oficina del Fiscal del Distrito de Puerto Rico ordenó a los fiscales que retiraran cualquier cargo contra los reclusos y el personal de la prisión relacionado con las irregularidades de votación, dijeron a ProPublica cuatro personas familiarizadas con la investigación. Luego, después de que Trump asumió la presidencia, las fuentes dijeron que recibieron instrucciones de abandonar la investigación de posibles conexiones políticas por completo. González Colón, un veterano republicano afiliado al Partido Nuevo Progresista que apoya la independencia de la isla, ha rechazado consistentemente las solicitudes de entrevista de ProPublica. En una declaración emitida el martes, rechazó cualquier acusación de comportamiento criminal, afirmando que él y su equipo han “combatido la corrupción” a lo largo de toda su carrera y durante todas sus campañas políticas. “Rechazo cualquier acusación de que estoy acusado de actos ilegales”, escribió. González Colón no enfrenta cargos criminales. El miércoles, informó a los medios locales que la situación no merece ninguna investigación. “Aquí no hay nada,” dijo. Y si tienen alguna investigación de los últimos cuatro años, lleven a cabo y llevarlos a una conclusión exitosa.
