No era un típico caso de drogas: Los fiscales en Puerto Rico descubrieron que una pandilla de encarcelados les estaba dando drogas a los presos a cambio de sus votos por la candidata a gobernadora Jenniffer González-Colón.. Obtención de evidencia: Los investigadores afirmaron que tenían un caso contra los encarcelados y el personal penitenciario, y que estaban tratando de determinar si González-Colón o su campaña estuvieron involucrados.. Una investigación estancada: A principios de 2025, al fiscal principal se le indicó que no siguiera investigando el caso. “Estamos frustrados, pero no hay nada que podamos hacer,” dijo una fuente.. These highlights were written by the reporters and editors who worked on this story.. Al principio, a los agentes antidroga que estaban investigando el tráfico de drogas en las cárceles de Puerto Rico les pareció un caso típico: los cómplices de una pandilla de encarcelados estaban introduciendo drogas de forma clandestina en la cárcel, los miembros de la pandilla las distribuían dentro de la cárcel y había cuentas de banco que reflejaban el movimiento de dinero.. Pero luego los agentes descubrieron algo inusual.. Los líderes de la pandilla, conocidos como Los Tiburones, les estaban vendiendo drogas a los presos no solo por dinero, sino también a cambio de sus votos. Específicamente, votos para la que ahora es gobernadora, Jenniffer González-Colón, una republicana desde hace mucho tiempo y quien apoya al presidente Donald Trump, según descubrieron los investigadores.. Los investigadores descubrieron que, para asegurarse de que los presos acataran las órdenes (muchos de los cuales eran adictos a drogas), los líderes de la pandilla los amenazaban con violencia y con privarlos de drogas. Los empleados del departamento de correcciones que estaban participando en el plan se hacían de la vista larga mientras la pandilla, conocida oficialmente como “Grupo 31,” dirigía el negocio.. Lo que al principio parecía un caso rutinario de drogas se había convertido en algo más grave. Puerto Rico, junto con solo un par de estados de EE. UU., permite que los presos voten. Los puertorriqueños que residen en la isla pueden votar en todas las elecciones, excepto en las elecciones presidenciales. Ofrecer dinero o regalos deliberadamente a cambio de votos constituye un delito grave. Ser declarado culpable conlleva multas de hasta $250,000 y encarcelamiento por hasta dos años.. Los investigadores habían reunido evidencia sólida de fraude electoral que implicaba tanto a presos como a empleados, y estaban tratando de determinar si González-Colón o su campaña estaban involucrados, según cuatro personas con conocimiento del caso le informaron a ProPublica. Las personas pidieron mantener el anonimato porque no están autorizadas a hablar públicamente sobre el caso.. Pero mientras los fiscales federales preparaban una acusación formal contra los presos y el personal en noviembre de 2024, justo unos días después que Trump ganó las elecciones y González-Colón ganó el cargo de gobernadora, recibieron una orden sorprendente. Sus jefes de la Fiscalía Federal del Distrito de Puerto Rico les ordenaron que excluyeran los cargos contra los presos en relación con los votos y todos los cargos contra el personal penitenciario, según determinó una investigación realizada por ProPublica.. En diciembre, presentaron cargos contra 34 presos y sus cómplices por delitos que incluyen distribución de drogas (que ha provocado al menos cuatro muertes por sobredosis), lavado de dinero y posesión de un arma de fuego. Y aunque los fiscales describieron el caso de “drogas a cambio de votos” en el documento judicial, no incluyeron ni un solo cargo relacionado con este.. Poco después de que Trump asumiera el cargo, un superior le dijo al fiscal principal, Jorge Matos, que no siguiera adelante con la investigación, según cuatro personas familiarizadas con el caso.. “Antes de las elecciones, la investigación definitivamente avanzaba a toda vela,” dijo una persona familiarizada con el caso. “Después de las elecciones todo eso cambió.”. Matos no respondió a las llamadas ni a los mensajes de texto de ProPublica, ni a sus intentos de comunicarse con él a través de las redes sociales.. Para quienes estaban trabajando en el caso, la decisión de cancelar la investigación resultó especialmente desconcertante tomando en cuenta la agenda del nuevo presidente; Trump emitió órdenes presidenciales a principios de 2025 dirigidas a erradicar a los narcotraficantes y al declarar la integridad electoral como “fundamental” para mantener la democracia estadounidense.. “Nos hemos esforzado mucho para marcar una diferencia,” dijo otra persona. “Estamos frustrados, pero no hay nada que podamos hacer.”. Las personas cercanas al caso se preguntaron si la política había tenido más peso que la ley y el orden. Trump felicitó a González-Colón en una carta que se dio a conocer durante su inauguración en enero de 2025, en la que decía, “Estoy muy orgulloso de su rotunda victoria”. Ese mismo mes, ella impulsó la instalación de una estatua de Trump en el Capitolio de San Juan, junto a las de otros presidentes que han visitado la isla. “Él se lo merece” dijo ella, según una publicación oficial de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en X.. W. Stephen Muldrow, el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, fue nombrado por Trump en 2019 y ha prestado servicio continuamente desde entonces. Su nombre está en los cargos junto con los de tres fiscales adjuntos de los Estados Unidos. Muldrow le dijo a ProPublica que su oficina no hace comentarios sobre investigaciones en curso, excepto en comunicados de prensa o conferencias de prensa. Aunque algunos de los presos han aceptado acuerdos con la fiscalía, la mayoría de los casos de drogas y lavado de dinero contra los presos y sus asociados todavía están en los tribunales.. En un email de seguimiento, un portavoz de la oficina señaló que los cargos fueron radicados durante la administración de Biden y bajo el mandato de gobernador de Puerto Rico anterior.. Radicar cargos contra funcionarios públicos corruptos “siempre ha sido y sigue siendo una prioridad fundamental” de la oficina, escribió la portavoz Lymarie Llovet-Ayala.. “Cuando existan pruebas admisibles suficientes para radicar cargos contra las personas involucradas en casos de corrupción pública, la Fiscalía Federal de Puerto Rico perseguirá enérgicamente tales cargos, tal como lo requiere el Manual de Justicia,” escribió ella.. En documentos judiciales relacionados con otro caso, un juez de primera instancia en octubre de 2025 mencionó “una investigación independiente sobre delitos de cuello blanco en la que está involucrada la gobernadora de Puerto Rico.” La oficina de Muldrow respondió mediante un documento judicial diciendo, “No hay ninguna investigación sobre delitos de cuello blanco (ni ningún otro tipo de investigación) de la gobernadora de Puerto Rico Jenniffer González-Colón.”. González-Colón no ha sido acusada de ningún delito. La gobernadora rechazó las repetidas peticiones de una entrevista por parte de ProPublica y no respondió a las preguntas por escrito que se enviaron a su equipo de comunicación.. Según personas que lo conocen, Muldrow mantuvo una relación de trabajo cordial con la exfiscal general Pam Bondi cuando ella ocupaba el cargo de fiscal general del estado de Florida y él era fiscal federal adjunto en el distrito central de ese estado.. Un portavoz del Departamento de Justicia indicó en un email, “Ni la fiscal general Bondi ni el fiscal general interino Blanche participaron en ninguna radicación de cargos ni decisión investigativa en este proceso judicial iniciado por la administración de Biden.”. La oficina del Fiscal General señaló en un comunicado que la radicación de cargos hacía referencia a denuncias de coerción electoral, y afirmó: “Esta oficina no limitó de ningún modo la investigación subyacente.”. En mayo de 2025, en una medida que tanto los fiscales federales como los observadores políticos calificaron de muy inusual, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional confiscó las máquinas de votación de Puerto Rico debido a preocupación por “vulnerabilidades,” según el testimonio de la directora Tulsi Gabbard ante el Congreso en marzo.. Un portavoz de la oficina le dijo a ProPublica que la confiscación se llevó a cabo a petición de la Fiscalía Federal de Puerto Rico y que no fue “sobre ninguna elección en particular.” El objetivo era “evaluar el riesgo que corre esta infraestructura crítica, dado que en todo Estados Unidos se utiliza una infraestructura similar,” dijo el portavoz en un correo electrónico.. Muldrow no respondió a las preguntas de ProPublica sobre el asunto.. Lydia Lizarribar, abogada de Juan Carlos Ortiz-Vazquez, un miembro del Grupo 31 que, según los fiscales, era uno de los líderes de la operación de drogas, se negó a hacer comentarios sobre el caso.. El sistema penitenciario puertorriqueño tiene un largo y bien documentado historial de sobrepoblación, atención médica deficiente y otras violaciones de los derechos humanos tan graves que a finales de la década de 1970 dieron lugar a una supervisión federal que continuó durante décadas.. Las duras condiciones llevaron a los presos a formar grupos de defensa como el Grupo 31, que se creó oficialmente como una organización sin fines de lucro con el fin de presionar a los funcionarios del departamento de correcciones y a los legisladores para mejorar la calidad de vida de los presos. Según los fiscales federales, con el paso del tiempo varios de estos grupos que operaban en las cárceles se convirtieron en organizaciones criminales violentas con miles de miembros, como Los Tiburones y los Ñetas.. Esas precarias condiciones también sirvieron de telón para que en 1980 el entonces gobernador del Partido Nuevo Progresista Carlos Romero Barceló impulsara la codificación del derecho al voto de los presos.. Según los analistas políticos, los presos han apoyado al partido desde entonces. Los partidos políticos en Puerto Rico difieren considerablemente de los partidos en el resto de Estados Unidos. En la isla los partidos no están alineados claramente entre demócratas y republicanos. En cambio, los dos partidos principales se enfocan mayormente en si Puerto Rico debe convertirse en un estado o no, y cada partido tiene miembros tanto republicanos como demócratas.. No es raro que los políticos de todos los partidos intenten ganarse el voto de los presos, pero el Partido Nuevo Progresista lo ha convertido en un “bastión,” según Fernando Tormos-Aponte, experto en ciencias políticas especializado en Puerto Rico y profesor adjunto de sociología en la University of Pittsburgh.. “Esto ha sido una gran ventaja para ellos, sobre todo teniendo en cuenta que las elecciones en Puerto Rico se han decidido por márgenes muy pequeños,” dijo Tormos-Aponte sobre el Partido Nuevo Progresista. En las elecciones generales a gobernador de 2024, el partido obtuvo el 83% de los votos de los presos, según un recuento de votos realizado por ProPublica en la página web de la Comisión Estatal de Elecciones.. Los votos de los presos resultaron ser especialmente clave en las primarias a la gobernación de 2024, ya que González-Colón, miembro del Partido Nuevo Progresista por mucho tiempo, estaba enfrentando al gobernador incumbente de su mismo partido.. Según la Comisión Estatal de Elecciones, ella ganó las primarias por menos de 30,000 votos. Según los reportajes de los medios locales en toda la isla votaron aproximadamente unos 5,000 presos.. En sus primeros meses en el cargo, González-Colón firmó una ley para permitir que las personas con antecedentes penales obtengan licencias profesionales en Puerto Rico.. En julio, firmó una ley que expande la habilidad de los presos para trabajar en el sector privado, llamándola “parte de una visión de justicia social,” y añadiendo “creemos en la segunda oportunidad, en el valor del trabajo y en la capacidad de transformación del ser humano.”. En marzo, González-Colón firmó una ley para requerir que la comisión de libertad condicional aumente la velocidad con que se reconsideran las denegaciones de libertad condicional. Ella dijo en un comunicado de prensa que la ley tiene por objeto crear “un sistema más justo, transparente y enfocado en la rehabilitación.”. Los analistas políticos han señalado que por décadas han circulado rumores sobre el uso de tácticas coercivas para movilizar el voto de los presos, planteando serias dudas sobre hasta qué punto ese apoyo se obtiene a cambio de favores del partido en el poder.. Algunas fuentes dijeron que esta vez fue diferente. Tenían evidencia. Los fiscales ya habían preparado un caso de votos por drogas entre la pandilla, los presos y el personal, y estaban investigando a fondo una posible conexión política cuando la oficina de Muldrow canceló todo.. “Este es el tipo de preguntas que uno esperaría que investigara más a fondo una administración que le ha declarado públicamente la guerra al narcotráfico,” Tormos-Aponte dijo de la administración de Trump. “Uno pensaría que sería una prioridad.”. Para quienes están familiarizados con la investigación sobre el fraude electoral en las cárceles, estaba claro que la política había influido en la decisión de retirar los cargos que los fiscales estaban seguros de poder ganar. Según ellos, lo que no estaba claro era quién llevaba las riendas y cómo. Era “como si estuvieras viendo un espectáculo de marionetas, pero sin ver los hilos,” dijo una persona.. “Sabes que lo que ves no cuenta toda la historia,” dijo la persona. “Había una especie de mano invisible.”. Aunque excluyeron los cargos relacionados con drogas por votos, los fiscales no eliminaron de los cargos del 12 de diciembre de 2024 la descripción de cómo pensaban que la operación funcionaba.. Según se alega en los cargos, los asociados externos de Los Tiburones utilizaban principalmente drones para dejar caer paquetes de drogas dentro de los predios del recinto penitenciario. Luego, el personal que estaba participando en el esquema ayudó en la “Introducción y distribución” de las drogas dentro de la cárcel o hacían de vigías. Los empleados también les permitieron a los miembros de la pandilla aplicar su propio sistema disciplinario contra quienes no hicieran lo que se les pedía, incluso a la hora de votar. Los castigos incluyeron privar a los presos de comida u obligarlos a permanecer sentados con los brazos cruzados mientras les daban golpes y patadas. Según los cargos, las drogas causaron cuatro muertes por sobredosis.. Los cargos también alegaban que Los Tiburones establecieron contactos con funcionarios del gobierno “con el fin de reducir las penas de cárcel,” y la pandilla decidía tanto la afiliación política de los prisioneros como “por quién votar en las primarias y elecciones generales.”. Un familiar de uno de los presos le dijo a ProPublica que los presos tenían que mostrarles sus papeletas a los líderes de las pandillas cuando votaban para evitar ser castigados.. La Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, que lleva décadas enviando observadores a los colegios electorales de toda la isla, reportó “graves dificultades” para tener acceso a varias cárceles durante las elecciones generales de 2024. Después de habérseles negado la entrada en múltiples lugares, la comisión consiguió una orden judicial, pero ya había transcurrido gran parte del día cuando se permitió la entrada a los observadores.. “Condenamos fuertemente la falta de diligencia y la indiferencia mostradas por el Departamento de Corrección y Rehabilitación al obstaculizar las funciones de esta Comisión el día de la votación temprana en las instituciones de corrección,” escribió más adelante la agencia en uno de sus reportes especiales sobre las elecciones de 2024.. Según el reporte, los observadores presenciaron cómo los presos votaban en espacios reducidos que no permitían mantener la privacidad y se veían obligados a entregar sus papeletas a otras personas para que las depositaran en la urna.. Ever Padilla-Ruiz, el director ejecutivo de la comisión, le dijo a ProPublica que los presos enviaron quejas por escrito a la oficina en las que detallaban cómo se les había presionado para que votaran en las primarias, algunos por González-Colón y otros a favor de su oponente, Pedro Pierluisi. No mencionaron ninguna pandilla por nombre, dijo Padilla-Ruiz.. Dijo además que los presos habían informado de que los líderes de grupos de presos “no paraban de enviar mensajes” hasta el día de las elecciones, y añadió que tenían demasiado miedo para decir mucho más.. Varias personas familiarizadas con el caso afirmaron que los investigadores tenían pruebas de que González-Colón había hablado con un miembro del Grupo 31, pero no habían determinado si ella estaba involucrada en la compra de votos.. Uno de los presos líderes de la pandilla se jactó en Facebook sobre su conexión con González-Colón, publicando una foto de él hablando con ella en WhatsApp mientras se llevaba a cabo la campaña de las primarias para gobernadora, según dos fuentes.. Ella claramente se benefició del esquema, dijeron ellos. “No había ninguna duda al respecto,” dijo uno, señalando que probablemente había miles de votos en juego.. En los cargos se señala que a los miembros de las pandillas se les concedió un trato preferencial, como políticas de visita menos estrictas y el uso de Sony PlayStations, televisores de pantalla grande y celulares, pero los investigadores no habían conectado los privilegios con González-Colón o su campaña.. González-Colón ha defendido la estatidad de Puerto Rico desde hace mucho tiempo y lleva más de 20 años participando en la política del partido republicano. En 2015 fue elegida presidenta del Partido Republicano de Puerto Rico, y dos años más tarde fue electa como Comisionada Residente, una función similar a la de un miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pero con voto limitado en el Congreso.. Ella ha participado activamente en Latinos for Trump, elogiando al presidente durante años como “sabio” y en 2019 dijo en los medios sociales que “los latinos están ganando bajo su liderato.”. Mientras sigue cabildeando para que Puerto Rico se convierta en el estado número 51, González-Colón también ha aprovechado sus relaciones con otros miembros del gabinete de Trump, publicando mensajes de apoyo en las redes sociales para Susie Wiles, jefe de gabinete de Trump y felicitando a Markwayne Mullin, el director de Seguridad Nacional que Trump eligió para sustituir a Kristi Noem, refiriéndose a él como “mi buen amigo.”. “Sé que será un líder firme en su colaboración con el presidente Donald J. Trump para fortalecer la seguridad de nuestro país,” escribió en una publicación de Facebook en marzo.. Los expertos en finanzas y política de Puerto Rico afirman que la relación entre González-Colón y la Administración de Trump es simbiótica, aunque desigual.. “Yo lo veo más bien como una situación de amor no correspondido,” dijo Alvin Velazquez, profesor asociado de derecho en la Facultad de Leyes de la Indiana University y experto en la quiebra de Puerto Rico de 2017.. La isla, cuyos residentes obtuvieron la ciudadanía estadounidense en 1917, recibe menos fondos federales que la mayoría de los estados. Los líderes políticos de Puerto Rico, incluso González-Colón, siempre han cabildeado para obtener más apoyo económico.. A cambio, los republicanos han sabido aprovechar el ascenso de González-Colón, ya que ella ha contribuido a reforzar el apoyo al Partido Republicano entre la diáspora puertorriqueña y entre otros votantes latinos en Estados Unidos. El actual Secretario de Estado, Marco Rubio, endosó a González-Colón en las elecciones a la gobernación de 2024.. Las encuestas que analizan específicamente el voto puertorriqueño muestran que Trump tuvo un aumento de al menos cuatro por ciento en los votos de los puertorriqueños que viven en estados en comparación con las elecciones de 2020, obteniendo el 45% de los votos de este grupo en las elecciones de 2024 según el Instituto Cervantes de Harvard University, un centro de investigación sin fines de lucro.. Y tal vez lo más importante, según los expertos, Trump ha contado con González-Colón para respaldar sus iniciativas geopolíticas estratégicas en la región, incluida la controversial reapertura de las bases navales en Puerto Rico, abandonadas desde hace tiempo. González-Colón le dio la bienvenida al Secretario de Defensa Pete Hegseth a la isla en septiembre y agradeció a Trump en X por “reconocer el valor estratégico que tiene Puerto Rico para la seguridad nacional de Estados Unidos y la lucha contra los carteles de droga en nuestro hemisferio.”. Eso fue a pesar de que muchos puertorriqueños se enojaron con la respuesta de Trump al huracán María en 2017 y de que un comediante se refiriera a Puerto Rico como una “isla flotante de basura” en uno de los eventos de campaña de Trump para las elecciones de 2024. Y aunque Trump ha dicho que fue “un placer tratar con González-Colón y que es una gran representante del pueblo,” más tarde dijo que Puerto Rico es “uno de los lugares más corruptos del mundo.”
